"El abogado miembro de la Asociación debe consagrar sus mejores esfuerzos para lograr la plena realización de los derechos esenciales de quienes solicitan sus servicios. La vida, la integridad física y moral, la libertad, el ejercicio de los derechos civiles políticos y sociales, deben ser preocupaciones de quienes ejercen la abogacía."
"Los derechos se defienden ejerciendolos."
Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Sección Nuevo León. ANAD, N.L.
Sección Editorial de El regio, 4 de abril de 2010.
-De plano, yo no sé de dónde sacan los diputados que apoyaron entregar los terrenos de la Pastora a FEMSA que no se afecta al medio ambiente metropolitano con tal medida, porque como escribe en nota a nivel nacional “Diputados de Nuevo León regalan predios a FEMSA”, David Carrizales (La Jornada 2/4/2010) en el último de sus párrafos “Antonio Hernández, biólogo del movimiento opositor al proyecto, señaló que la zona metropolitana de Monterrey sólo tiene 748 hectáreas de parques urbanos, de las cuales 360 son del parque La Pastora”. O sea, prácticamente la mitad de las hectáreas que escuetamente tenemos de parques y para respirar mejor, pues ahora, pasan a gran negocio de los cerveceros de FEMSA.
-Y deje usted, sí se revisa las tablas del monitoreo del aire de la extinta Agencia del Medio Ambiente en el Sistema Metropolitano de Medición de la Calidad del Aire, pues tenemos que sólo la estación de La Pastora siempre mantuvo la mejor calidad del aire en la Zona Metropolitana y por lo tanto, cambiar cemento por vegetación, es de plano un verdadero ataque al medio ambiente…
-Pues sí y sí le sumamos que hay un proceso de investigación sobre los que lanzaron a destruir la Pastora desde el año antepasado y, que por eso les clausuró obras la PROFEPA, pues eso es muy grave que los ilegales diputados se brinquen esa situación jurídica, así nomás, por quedar bien con FEMSA…
-Pues sí y si le sumamos que donar esos terrenos es una falta muy grave porque se pone un bien de los nuevoleoneses (25 hectáreas), una propiedad social, en manos de un particular (FEMSA) para hacer negocio, como ya lo señaló en tiempo y forma y por escrito la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, pues de plano, esto es un asalto en despoblado a la ciudadanía y ya compraron boleto con un organismo nacional que no será fácil acallar, ni mucho menos, parar las acciones legales que va a emprender contra esos supuestos representantes populares de Nuevo León, por andar emulando al traidor de Judas, ya que una cosa es estar en sus curules para defender los bienes del pueblo y otra muy diferente, prestarse a regalar a una empresa privada por sesenta años el equivalente a mil 250 millones de pesos que es lo que representante de la Sociedad de Urbanismo Región Monterrey A.C. (SURMAC) estima el valor de la entrega de ese terreno de La Pastora y que también, reportajes de nuestro medio dieron a conocer. No hablemos del complemento de 500 millones de pesos para construir vialidades para tal finalidad por parte del gobierno del Estado, o sea, de todas, todas, a favor de FEMSA…
-Pos sí, qué se puede esperar de una cultura imperante del saqueo en estas tierras del noreste mexicano, basta señalar que la Cervecería Cuauhtémoc siempre ha sido la niña mimada de cuanto gobierno tenemos desde la época de Porfirio Díaz, a excepción de algunas acciones revolucionarias para pararles el alto a su bonanza en ascenso…
-Pues vamos a ver sí los federales de la SEMARNAT y la PROFEPA y CONAGUA, se fajan los pantalones y simplemente cumplen con la ley…
Ahora que Femsa consiguió adueñarse de 25 hectáreas de patrimonio público se formarán en fila muchos más empresarios que, como José Antonio Fernández, considerarán que tienen derecho a explotar lo ajeno, lo gratuito. Los empresarios antisociales tendrán razones para exigir a sus representantes el mismo trato recibido por "El Diablo" Fernández. Al ser este hecho a todas luces ilegítimo, vale la pena reflexionar sobre cómo se realizó este jugoso negocio. Qué complicidades apoyaron este desfalco.
Algunos empresarios en Nuevo León gozan de un fuero singular. En lo privado algunas personas son capaces de quejarse de su rapacidad y de sus prácticas monopólicas, pero muy pocas voces se alzan para señalar el daño cultural que generan. Un ejemplo: ocupamos el segundo lugar en obesidad a nivel mundial, el 10 por ciento de la población mexicana padece diabetes y muchos morirán por esa causa. Sin embargo, el Gobierno no regula la publicidad de las empresas que producen refrescos, cervezas, pastelillos o papas fritas, siendo que estamos ante un problema de salud pública con altos costos al erario.
Los empresarios son los jefes de los gobiernos. Para ellos trabajan muchos medios de comunicación. La sociedad los admira por astutos, por salirse siempre con la suya. Los recién egresados sueñan con trabajar en este tipo de empresas, cuyos capitanes forman parte de los consejos universitarios, lo que los reviste de un prestigio inmerecido. Carlos Slim, un monopolista respaldado por el Gobierno, cuyas empresas telefónicas encabezan la lista de quejas en la Profeco, debiendo estar en quiebra, es el hombre más rico del mundo.
Las nuevas violadoras de derechos humanos son las empresas. Su poder transnacional les permite jalar la cuerda hasta el divertimento, aprovechándose de la miseria -material o cultural- de la población. Las marcas negras, se les llama. Algunas esclavizan en sus maquilas, otras niegan derechos laborales, algunos evaden el pago de impuestos o venden productos que dañan la salud de los consumidores, otras se agandallan espacios y recursos públicos, otras intoxican nuestro aire y nuestro subsuelo.
En México hay una cruzada ciudadana amplia en contra del narcotráfico que opera impunemente ante una autoridad rebasada o cómplice, que robó 8 mil vidas de mexicanos tan sólo en el 2009. Pero, ¿qué hay de los otros cárteles de cuello blanco? Sin despeinarse siquiera, cuentan con la fidelidad de sus representantes en las legislaturas del País, haciendo una perversa alianza con partidos y gobiernos. Ésos son los otros cárteles, que pagan a comunicadores por maquillar sus mentiras de verdades.
El miércoles pasado, casi a las 11 de la noche, el Congreso de Nuevo León fue fiel a sus verdaderos patrones y entregó a Femsa 25 hectáreas públicas para construir un estadio privado. Los diputados salieron a defender los intereses de Fernández Carvajal y de sus accionistas esgrimiendo argumentos ecológicos irrisorios por no poder hablar de la "utilidad pública" de un espacio de espectáculos al que se paga por entrar.
Los panistas habían declarado que estaban a favor del proyecto, pero en contra de que éste se desarrollara en La Pastora. Sin embargo, a la hora de la verdad, inclinaron sus cabezas ante el mando de Héctor Gutiérrez de la Garza. El panista Alfonso Robledo se dijo convencido del proyecto una vez que logró modificar el dictamen para "beneficio" de los vecinos. ¿Redujo el número de años del comodato? No, simplemente consiguió un patrullaje de barrio. Tal vez Robledo ignora que la seguridad es un derecho y no una concesión.
No podemos combatir la inseguridad que tiene tomadas nuestras calles y nuestras vidas sin observar las prácticas que facilitan la impunidad. Las decisiones que impactan a toda la colectividad son tomadas por muy pocos que utilizan su voto como moneda de cambio.
Nos toca a la ciudadanía revisar nuestro aporte a la cultura de la ilegalidad, a la impunidad y al fraude político. Condenar sólo a ciertos cárteles es abonar a la proliferación de la violencia.
